- El PP ha vuelto a ganar claramente, con más escaños, pero con menos votos y porcentaje que en 2009. Resultado del sistema electoral destinado a favorecer mayorías y a sobrerrepresentar al rural (Lugo y Ourense) frente al urbano. Un diputado en Lugo "cuesta" aproximadamente la mitad que en A Coruña. En todo caso, una victoria sin paliativos.
- El PSOE, como ya le había pasado en las generales del año pasado, cae estrepitosamente. Mi opinión es que esto deriva del desencanto de su electorado ante la tibieza de sus posturas. Parte de estas pérdidas se van a la izquierda nacionalista, parte a la abstención/votos nulos o en blanco. El PP, que pierde votos, no recibe ese electorado.
- La izquierda pura sube, representada en AGE. Es difícil saber cuantos de esos votos vienen de los nacionalistas de ANOVA y cuantos de EU. En todo caso, la suma de AGE y BNG consigue un 50% más de voto porcentual (casi 100.000 en voto real).
- Pese a las previsiones, la participación se mantuvo (63,8% frente a 64,4% en el 2009). Lo que aumentó de forma espectacular fue el voto nulo y en blanco. Reflejo, sin duda, del desencanto social con la clase política.
- También refleja ese desencanto la cantidad de votos (17.116, un 1,19%) que tuvo Escaños en blanco, una formación que proponía que sus diputados no acudiesen al parlamento y renunciasen a sus salarios. Por ponerlo en contexto, es un 20% más que lo que consiguió en el 2009 EU.
- La nueva mayoría del PP le va a permitir profundizar en sus recortes y, probablemente, llevar adelante la reforma electoral de reducción de número de escaños, que favorecería aún más el rural, donde tienen más votos, frente al urbano.
- La izquierda, especialmente el PSOE, deben replantearse sus posturas. Sus apoyos en la calle le exigen más compromiso con los trabajadores y menos condescendencia con los bancos y los mercados financieros.
1.- Los derechos de autor no pueden situarse por encima de los derechos fundamentales de los ciudadanos, como el derecho a la privacidad, a la seguridad, a la presunción de inocencia, a la tutela judicial efectiva y a la libertad de expresión.
2.- La suspensión de derechos fundamentales es y debe seguir siendo competencia exclusiva del poder judicial. Ni un cierre sin sentencia. Este anteproyecto, en contra de lo establecido en el artículo 20.5 de la Constitución, pone en manos de un órgano no judicial -un organismo dependiente del ministerio de Cultura-, la potestad de impedir a los ciudadanos españoles el acceso a cualquier página web.
3.- La nueva legislación creará inseguridad jurídica en todo el sector tecnológico español, perjudicando uno de los pocos campos de desarrollo y futuro de nuestra economía, entorpeciendo la creación de empresas, introduciendo trabas a la libre competencia y ralentizando su proyección internacional.
4.- La nueva legislación propuesta amenaza a los nuevos creadores y entorpece la creación cultural. Con Internet y los sucesivos avances tecnológicos se ha democratizado extraordinariamente la creación y emisión de contenidos de todo tipo, que ya no provienen prevalentemente de las industrias culturales tradicionales, sino de multitud de fuentes diferentes.
5.- Los autores, como todos los trabajadores, tienen derecho a vivir de su trabajo con nuevas ideas creativas, modelos de negocio y actividades asociadas a sus creaciones. Intentar sostener con cambios legislativos a una industria obsoleta que no sabe adaptarse a este nuevo entorno no es ni justo ni realista. Si su modelo de negocio se basaba en el control de las copias de las obras y en Internet no es posible sin vulnerar derechos fundamentales, deberían buscar otro modelo.
6.- Consideramos que las industrias culturales necesitan para sobrevivir alternativas modernas, eficaces, creíbles y asequibles y que se adecuen a los nuevos usos sociales, en lugar de limitaciones tan desproporcionadas como ineficaces para el fin que dicen perseguir.
7.- Internet debe funcionar de forma libre y sin interferencias políticas auspiciadas por sectores que pretenden perpetuar obsoletos modelos de negocio e imposibilitar que el saber humano siga siendo libre.
8.- Exigimos que el Gobierno garantice por ley la neutralidad de la Red en España, ante cualquier presión que pueda producirse, como marco para el desarrollo de una economía sostenible y realista de cara al futuro.
9.- Proponemos una verdadera reforma del derecho de propiedad intelectual orientada a su fin: devolver a la sociedad el conocimiento, promover el dominio público y limitar los abusos de las entidades gestoras.
10.- En democracia las leyes y sus modificaciones deben aprobarse tras el oportuno debate público y habiendo consultado previamente a todas las partes implicadas. No es de recibo que se realicen cambios legislativos que afectan a derechos fundamentales en una ley no orgánica y que versa sobre otra materia.
Este manifiesto, elaborado de forma conjunta por varios autores, es de todos y de ninguno. Si quieres sumarte a él, difúndelo por Internet.
